a) Extensión Universitaria
Según el artículo 53 del Estatuto de 1931 la Universidad debía impulsar la difusión de la cultura. Con este fin, y con la colaboración de las facultades, se crearon cursos libres, de postgraduados, conferencias, exposiciones, seminarios, publicaciones y programas radiales.
Bajo el rectorado de Valentín Letelier se encuentran los primeros indicios de una labor de extensión, pues en 1905 presentó un programa para crearla. Por esos años comenzaron las conferencias de divulgación científica y los llamados "cursos pedagógicos de repetición" que contaron con el apoyo de la Asociación de Educación Nacional y del Ateneo de Santiago. En 1930, se fundó el Departamento de Extensión Cultural con similares propósitos.
Durante la rectoría de Juvenal Hernández estas actividades experimentaron un gran desarrollo. Según el propio rector sus objetivos eran: llevar los conocimientos de los doctos al gran público por un lado, y por otro, permitir el perfeccionamiento de sus conocimientos a aquellas personas que no tenían oportunidad de seguir el ritmo de progreso que sus profesiones experimentaban. El primer objetivo se cumpliría -a su juicio- con las conferencias de extensión cultural y el segundo con las Escuelas de Temporada.
Las Escuelas de Temporada fueron creadas por el Consejo el 14 de mayo de 1935 y se clasificaron en cuatro grupos: de extensión, de conocimientos complementarios, para graduados y para extranjeros; se encargó su organización a la educadora Amanda Labarca.
En las primeras jornadas desarrolladas en enero y febrero de 1936 que contaron con una matrícula de 855 personas, profesores y estudiantes principalmente, se advirtió mayor interés por algunos cursos de enseñanzas técnicas y pedagógicas, en desmedro de otros como literatura, filosofía e historia. El balance de éstas fue positivo a pesar de las dificultades que significó no contar con un local apropiado para su realización, y de que el gasto total superó a los ingresos, teniéndose en cuenta el corto tiempo del que se dispuso para planificarlas. Para el año siguiente el Ministerio de Relaciones Exteriores colaboró con la Universidad ofreciendo algunas becas, con lo que la presencia de extranjeros aumentó significativamente (de 13 a 68 matriculados). En esta oportunidad, además, algunos de los 36 cursos ofrecidos fueron dictados por profesores de universidades extranjeras, entre ellos Gabriel Navarro y Luis Alberto Sánchez. Fue en 1937 que las escuelas de temporada tuvieron su versión invernal., enfocadas principalmente a materias de índole práctica y a servir a los empleados de las oficinas, de los bancos, del comercio y de la industria. Hubo cursos dirigidos a las Fuerzas Armadas, y a la preparación de ayudantes sanitarios, a petición del Ministerio de Salubridad.
Tanto el número de cursos como de alumnos fue aumentando progresivamente; en 1940 hubo 928 matriculados en 58 cursos y en 1941 fueron 1.353 los alumnos inscritos. En la matrícula no se exigían certificados anteriores, ni títulos y se concedía amplia libertad en la elección de la asignatura. Aquellos que estuvieran en un grupo de cursos afines y desearan rendir una prueba escrita sobre ellos recibirían, tras la aprobación de ésta, un certificado de aprovechamiento. Todos los demás obtenían un certificado de asistencia.
En 1942 el rector consideró necesario dar una nueva organización a las Escuelas de Temporada y cursos breves debido a que sus actividades carecían de unidad y porque mezclaban la extensión cultural con la universitaria. Algunos consejeros criticaron a Amanda Labarca por las obras de extensión popular, estimando que ellas rebasaban los límites del Estatuto y no se compadecían con las altas funciones de la enseñanza universitaria.
Aunque hubo ciertos cambios administrativos y se suprimieron algunos cargos que redundaron en un ahorro, la reorganización no fue tan profunda como era de esperar. Prueba de ello es que hacia fines de la rectoría fue preciso efectuar una nueva reestructuración, esta vez de los servicios de extensión en su conjunto. Al crecimiento de su estructura administrativa y de las necesidades económicas se sumaba la incorporación de otras reparticiones como el Pequeño Derecho de Autor, antes dependiente de la Dirección General de Información y Cultura. Se propuso entonces, en 1948, la creación del Departamento de Estudios Generales que fundiría en uno solo esos servicios. En 1951 fue aprobado su reglamento. El artículo primero estableció que sus objetivos serían "organizar cursos sistemáticos de extensión universitaria en Santiago y provincias, continuar la labor de enseñanza por correspondencia iniciada por el ex Departamento de Enseñanza Popular Valentín Letelier y proveer a su ampliación y perfeccionamiento, y auspiciar la creación y fomento de carreras cortas" en una etapa experimental, para que -de tener éxito- fuesen incorporadas a las facultades afines.
b) La Biblioteca Central. Las Prensas de la Universidad de Chile y la Editorial Universitaria
A mediados de 1935 el rector planteó la necesidad de que la Universidad tuviera una biblioteca central que la vinculara al público mediante un servicio permanente. Al asumir Juvenal Hernández la biblioteca de la Universidad no estaba en funciones, pues en febrero de 1928 el ministro de Educación subrogarte Pablo Ramírez había ordenado la demolición del edificio que ella ocupaba, distribuyéndose sus libros y mobiliarios a distintos establecimientos de educación.
No obstante, se contaba con un importante número de volúmenes que se habían ido acumulando con el canje regular de las publicaciones de la Universidad y con la biblioteca de Pedro Montt, donada por Sara del Campo. También era posible recuperar parte del material disperso. Por lo tanto, por decreto de 14 de diciembre de 1936 fue creada la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, fijándose los fondos que constituirían sus colecciones. Según estableció un decreto de 13 de abril de 1938, el nuevo organismo debía mantener un catálogo de las bibliotecas de las diferentes facultades e institutos, debía atender igualmente a los estudiantes y al público en general, sirviendo de intermediario entre los sectores universitarios y extrauniversitarios y las diferentes bibliotecas de la Corporación. Otra de sus funciones sería la conservación de las publicaciones universitarias.
Un aporte de la Fundación Rockefeller para la adquisición de estanterías, ficheros, muebles y libros, y para el perfeccionamiento del personal especializado, así como donaciones diversas entre las que se cuentan las de Alejandro Fuenzalida Grandón, y Guillermo y Amanda Labarca, permitieron el rápido desarrollo de la biblioteca y el cumplimiento de la tarea que le fue asignada.
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Otra instancia contemplada por el Estatuto de 1931 para propender al perfeccionamiento de la enseñanza y la difusión de la cultura eran las publicaciones universitarias, entre ellas los Anales de la Universidad de Chile y las memorias de facultades. Se publicaban las obras premiadas y los trabajos de investigación expresamente encargados por la Universidad, y todas las publicaciones debían contar con la aprobación del Consejo, previo informe de una comisión sobre su valor científico o didáctico.
En diciembre de 1930 el rector Gustavo Lira propuso la idea de disponer de una imprenta propia para estos fines, destinando una suma del presupuesto de gastos variables para ello. En junio del ario siguiente ya estaba funcionando en el local central de la Universidad equipada con buenas y modernas máquinas, encargándose su dirección a Manuel Rojas. En 1934 las Prensas de la Universidad de Chile publicaron 82 títulos con un total de 39.800 ejemplares y en 1935 las ediciones alcanzaron a 101 títulos con 62.400 ejemplares. Hacia 1940, sin embargo, agotado el ítem variable, la imprenta debió cerrarse. Entretanto se nombró una comisión para estudiar la organización comercial de las prensas universitarias.
El proyecto resultante sometido a la aprobación del Consejo creó, en 1947, una editorial en forma de sociedad anónima con acciones que debían ser adquiridas por el Fisco, otras por la Universidad y las terceras por particulares, con el propósito prioritario de publicar textos de estudio y obras de consulta a bajo costo para el uso de los alumnos.
La Editorial Universitaria dispuso de un capital social inicial de un millón de pesos, del cual la Universidad aportó 700 mil pesos. La administración quedó a cargo de un directorio de ocho personas, tres de las cuales representaban a la Universidad de Chile.
La Librería Universitaria Sociedad Anónima, que a partir de 1947 fue incorporada a la Editorial, se hizo cargo de vender a consignación los libros editados por ésta, sin perjuicio de dejar un fondo destinado al canje.
Aun cuando la Editorial enfrentó en reiteradas ocasiones problemas financieros requiriendo el apoyo de la Universidad, y algunos consejeros fueron contrarios a la idea de otorgárselo, Juvenal Hernández insistió permanentemente en prestarle ayuda económica, sosteniendo que la Editorial no era un mal negocio si se consideraba lo exiguo de su capital y los fines con que había sido creada. Así en 1951, se acordó -con la abstención de Amanda Labarca y Domingo Santa Cruz- entregarle la suma de tres millones de pesos.
c) La Comisión Chilena de Cooperación Intelectual
La Comisión Chilena de Cooperación Intelectual fue creada en 1930, dentro de la política de la Sociedad de las Naciones que aspiraba a promover las vinculaciones culturales entre los pueblos. Hasta fines de 1935 llevó una existencia más bien nominal. A partir de esa fecha la comisión se estructuró como un organismo auspiciado por la Universidad de Chile, con estudios vinculados con los organismos internacionales de cooperación intelectual. Quedó integrada por el rector de la Universidad, Juvenal Hernández, quien la presidía, los decanos de la misma Corporación, representantes de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Concepción, de los Institutos Culturales, de la Sociedad de Escritores de Chile, del Museo Histórico, de las direcciones generales de educación primaria, secundaria y de la enseñanza industrial, entre otras instituciones.
La comisión era independiente, pero recibía ayuda económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Universidad, que le proporcionaba local, le cedía sus salas de conferencias y costeaba sus publicaciones; además contaba con la colaboración de la Fundación Rockefeller.
Dentro de sus actividades y como una forma efectiva de realizar su labor la comisión promovió la creación de institutos culturales binacionales. Hacia 1938 ya existían institutos con Argentina, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, México, Panamá y Venezuela. Un año antes había establecido un convenio de intercambio académico de estudiantes chilenos y alemanes. Cada país acordó tomar a su cargo dos becados. A su vez, las delegaciones de estudiantes que, con carácter oficial, deseaban efectuar viajes al extranjero, debían contar con su aprobación. Además atendía consultas sobre materias científicas, literarias, bibliográficas y educacionales, organizaba exposiciones de arte popular y editaba un boletín bimestral informando acerca del momento intelectual de la nación.
La Primera Conferencia Americana de Comisiones Nacionales de Cooperación Intelectual se realizó en Santiago entre el 6 y 12 de enero de 1936, a ella adhirieron 22 países, incluso Estados Unidos, y concurrieron 19 delegaciones. La Segunda Conferencia efectuada en La Habana en noviembre de 1941, concluyó con una declaración de defensa por parte de los intelectuales de la libertad de los pueblos, los derechos del hombre y del ciudadano y los principios de la justicia económica y social.
d) Bienestar estudiantil
La nueva ley orgánica estimó que la Corporación debía proteger a sus alumnos y le correspondía velar por su bienestar y perfeccionamiento. Así nació en 1931 la Secretaría de Estadística e Informaciones y Bienestar Estudiantil destinada a cumplir esos deberes de la Universidad. Sus creadores fueron Gustavo Lira y Juan Gómez Millas.
Fue organizada con dos departamentos principales, el de Estadística e Informaciones y el de Bienestar Estudiantil. Este último a su vez comprendió cuatro secciones: de asistencia económica, asistencia médica, deportes y estadística. A través suyo la Universidad informaba, conducía y ubicaba al candidato a alumno, una vez incorporado atendía a sus necesidades económicas, cuidaba de su salud física y moral, organizaba el deporte universitario y fomentaba la recreación.
El Departamento Técnico de Estadística e Informaciones planteaba de una forma científica los problemas del estudiantado para que el Departamento de Bienestar procurara su solución. Por otra parte, llevaba el control estadístico de la persona y de la actuación escolar de cada estudiante, y ampliaba estas referencias a las actividades profesionales de los egresados. Para ilustrar sobre las características de la población escolar universitaria, elaboraba boletines estadísticos. Este departamento editaba, además, la Guía del Estudiante para orientar al alumno en el complejo trámite de matrícula.
En la práctica, la ayuda económica brindada al estudiantado universitario de escasos recursos se tradujo, principalmente, en la exención del pago de matrícula o en la concesión de facilidades para cancelar estos derechos, así como préstamos, becas y subvenciones. También se estableció una Bolsa de Trabajo que permitió a los alumnos desempeñar empleos remunerados compatibles con sus obligaciones escolares. Además se consiguieron rebajas de pasajes en ferrocarriles y en transporte urbano.
En materia de asistencia médico-dental los alumnos eran sometidos a un examen de salud obligatorio a su ingreso a la Universidad. Se realizaba una intensa campaña antituberculosa y antivenérea por medio de una clínica de medicina general, un policlínico de higiene social y una sección especial de medicina preventiva. Para la hospitalización de los alumnos era utilizado el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre.
Para atacar el problema de la salud dental el servicio mantenía cinco clínicas, ubicadas en la Casa Central y en las escuelas de más densa población, es decir, la Escuela de Medicina, la de Derecho, la de Ingeniería y el Instituto Pedagógico. Estas clínicas, que se regían. por tarifas de precios reducidos, entregaban atención de urgencia, limitándose a trabajos indispensables.
Como una forma de procurar al estudiantado de provincia una habitación que cumpliera con las condiciones de salubridad y comodidad acorde con su calidad de alumnos -y que no ofrecían las residenciales de carácter comercial- la Universidad decidió crear, en 1943, el primer hogar universitario, que dependió de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Debido al excesivo aumento de los alumnos extranjeros en la comunidad universitaria fue necesario implementar algunas medidas que regularon su ingreso. En 1933 las autoridades universitarias pidieron, por vía diplomática, a las universidades de aquellos países de donde procedía el mayor número de postulantes, una serie de antecedentes tales como condiciones de ingreso, planes de estudio y derechos de matrícula. Al año siguiente fue acordado limitar el cupo de extranjeros en las escuelas de Medicina y Farmacia y en 1938 se decidió que estos alumnos no gozaran de beneficio de exención de matrícula. Hacia fines de 1952 el número de extranjeros que cursaban estudios en la Universidad era de alrededor de 500 alumnos, de una población total de 14.000 estudiantes.
