El Cuerpo Legislativo de Massachussets penetrado profundamente de las calamidades de sus constituyentes y excitado por el recelo de mayores males, conoce que es de su obligación representar al Gobierno Nacional sus miras sobre los intereses públicos, y expresar con la franqueza de hombres libres los sentimientos del pueblo de esta antigua y extensa república.
Si la Constitución, según el venerable Washington, nos asegura la libertad de hablar, es principalmente en este grave e interesante período en que debemos investigar los fundamentos y origen de la presente guerra, reflexionar sobre el estado de los negocios públicos, y expresar nuestro dictamen de que se proceda a una honrosa reconciliación.
Los estados y los individuos que los componen, son parte de la Nación, y es su deber principal, especialmente en tiempo de peligro, velar sobre sus derechos y privilegios. Porque aunque las numerosas reclamaciones de este pueblo contra las providencias que él estimó peligrosas a sus derechos, y perniciosas a sus intereses, se recibieron hasta aquí de un modo poco a propósito para promover la armonía y la unión que debe ser el blanco de un gobierno central, nos entregamos a la esperanza de que el presente Congreso estará animado de mejores consejos y de un espíritu más conciliador, que procurará por la justicia y la imparcialidad disipar los recelos, y restablecer la confianza de los estados septentrionales, y les restituirá la condición feliz de que han sido privados con medidas hostiles a los derechos del comercio, y destruidas de la paz de la Nación
No es de esperarse que un pueblo valiente y laborioso, instruido en la naturaleza de los derechos y tenaz en el goce y ejercicio de ellos, se crea obligado a abandonar sus acostumbradas ocupaciones industriales y los medios de su subsistencia sin reclamar; o que un pueblo moral y cristiano preste auxilios para la prosecución de una guerra ofensiva, sin una plena evidencia de su justicia y necesidad.
Los Estados Unidos por su forma de gobierno, por sus principios, historia, y máximas de sus primitivos sabios y patriotas, y por sus propios intereses, deben ser la ultima nación que se empeñe en una guerra de ambición y conquista.
Cuando examinamos las causas que se han alegado para declarar la guerra a la Gran Bretaña, y más particularmente para continuarla, después de que ha cesado la principal de aquellas causas, nos vemos precisados a decir que esto llena el ánimo del pueblo de esta república de infinitas congojas y alarmas. No podemos dejar de recordar, sean cuales fuesen las pretensiones del Emperador de Francia, (pretensiones uniformemente precedidas y acompañadas de los más violentos actos de injusticia) que solo él es el autor de un sistema meditado contra la neutralidad del comercio, con la mira de destruir la opulencia y el poder de un rival, cuyo interés política debe ser sostener a un comercio tan esencial a su prosperidad propia.
Recorriendo las causas alegadas para la actual guerra quisiéramos pasar en silencio la serie de transacciones imperfectamente explanadas y discutidas, y sobre el modo precipitado con que se declaró la guerra; todo lo cual nos alarmó y afligió demasiado. La causa inmediata de la declaración de la guerra fueron las buenas disposiciones de la Francia para anular sus decretos: esto es tan digno de examinarse que no podemos por meros motivos de condescendencia dejar de hacerlo público.
Si pudo justificarse la guerra exclusivamente contra la Gran Bretaña, debió ser por las seguridades que tenía el gobierno de que los decretos franceses contra nuestro comercio habían sido revocados en Noviembre de 1810. Pero el autorizado robo y la destrucción de nuestro comercio, el apresarse nuestros buques por los corsarios de Francia, las sentencias que se dieron contra nosotros por sus tribunales y por el mismo Emperador, sus repetidas y solemnes declaraciones de que aquellos decretos estaban en toda su fuerza, y formaban la ley fundamental de aquel imperio, y esto en un tiempo muy posterior a la revocación que se pretendía, todo es una respuesta suficiente a esta cuestión, y no podemos dejar de lamentar que una cosa tan evidente a todo el pueblo, haya sido de tan poco peso para el Congreso anterior.
La materia se ha descubierto ya enteramente, y el pueblo ha palpado con asombro su profunda degradación. El Emperador francés, como si se propusiese humillar y abatir a nuestro gobierno y anunciar al mundo el extremo desprecio con que nos miraba, reservó hasta Mayo de 1812, la declaración oficial de que los mencionados decretos no fueron revocados hasta Abril de 1811, y ésto no porque conociese su injusticia, sino porque se había cumplido con la condición que prescribió, diciendo que nuestros derechos deban ser respetados por la resistencia que hacíamos a las ordenes británicas.
Como la Inglaterra aseguraba que revocaría sus órdenes luego que revocásemos el decreto de no importación en que se fundaban, y su posterior conducta persuade que así lo habría realizado, no podemos dejar de lamentar el que nosotros no hubiésemos publicado nuestra revocación, y no sabemos si esto haya de atribuirse al gobierno francés, o al nuestro.
Sea cual fuere el verdadero estado de este asunto misterioso, la prontitud con que la Inglaterra se apresuraba a revocar sus órdenes antes de que la declaración de guerra hecha por los Estados Unidos llegase a su noticia, y la restitución que iba a hacer de una inmensa suma de propiedades que entonces teníamos en su poder, no dejan dada de que aquella declaración de guerra fue prematura, y que a lo menos su continuación, después de que nos es manifiesta la mencionada revocación, es impropia, impolítica e injusta.
(Se continuará)
