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Capítulo III
La Serena.

Protestas de los católicos de ambos sexos. - Manifiesto de la Junta Departamental.- Felicitaciones.- Contestación de las señoras.

PROTESTA DE LOS CATÓLICOS

Las relaciones entre la iglesia y el Estado vienen perturbándose de algún tiempo a esta parte, primeramente con la cuestión arzobispal, en seguida con la ley de cementerios y últimamente con la de matrimonio civil en actual discusión ante el Congreso. Estas perturbaciones no se habrían producido si se hubiera empezado, como debía, por derogar la Constitución Política, en la parte que estatuye la unión del Estado y la Iglesia y establece como religión del Estado la católica, apostólica, romana, que el mismo Presidente ha jurado proteger y respetar; de consiguiente toda ley, antes de esa derogación, como las de que se ha hecho mérito, que tienda a establecer la separación, se resiente de inconstitucional e inoportuna. Es la principal objeción legítima contra las leyes de la referencia. De aquí la resistencia natural que tales leyes producen en el ánimo de todo ciudadano probo, aunque no sea católico, por las fatales consecuencias a que puede conducir la infracción de la Constitución, base fundamental de todas las leyes.

Prescindiendo de la inconstitucionalidad, la ley de cementerios no habría producido las perturbaciones que todos conocen, si se hubiera aceptado la enmienda propuesta por el Senado, que ponía al amparo de la ley la libertad, de las tumbas en conformidad a la libertad de creencias. De allí ha resultado. que el Ejecutivo, tomando por pretexto la execración eclesiástica, derogó el decreto que reglamentaba el establecimiento de cementerios, y ha llegado, por una serie de decretos, hasta cerrar cementerios parroquiales en unas partes y quitar las llaves en otras por medio de la fuerza. Este proceder, sin entrar en el fondo de la cuestión religiosa, es un ataque al derecho de propiedad garantido por la Constitución; resultando el absurdo de que los disidentes y extranjeros tienen hoy el beneficio de cementerios propios, mientras no tienen ese derecho los chilenos católicos que forman la inmensa mayoría del país, obligándoseles a la sepultación contra sus propias creencias, y haciendo fuerza a la libertad de conciencia.

No se invoque la autoridad del Congreso acerca de las leyes a que nos referimos, porque es notorio como han pasado las cosas para arrancar esa sanción de unas cámaras, en su mayoría hechura exclusiva del Ejecutivo, para quien no escaseó presión, haciendo política y cuestión de gabinete el rechazo de la saludable enmienda del Senado.

Si en la ley de cementerios llamó a contarse a los adictos, afiliados y dependientes del Ejecutivo, por boca de su Ministro de lo Interior, después por la del Ministro de Justicia hizo oír la misma voz de orden, notificando en plena sala que el Ejecutivo quería la ley de matrimonio civil en su artículo primero, lisa y exclusivamente, sin ninguna de las enmiendas que al efecto se proponían. Y la Cámara oyó esa voz sin que provocara una enérgica protesta contra tan grave ofensa a la dignidad de un cuerpo legislador.

Como tales sucesos se desarrollan, ya violando la Constitución, ya vulnerando el derecho de propiedad y la libertad de conciencia, nada extraña sería la anulación de los demás derechos y garantías políticas, como sucede con el derecho electoral, si los buenos ciudadanos no se agrupasen para manifestar la verdad de sus convicciones, en resguardo de sus propias creencias y de sus libertades públicas.

No hay derecho posible sin la libertad de ejercerlo, ni puede haber libertad sin el respeto de todas las creencias. En homenaje de tan sagrados principios, que garantizan el derecho de todos, como católicos y ciudadanos, protestamos contra los abusos del poder, que combatiremos por todos los medios legales, para que sea respetada la libertad en todas sus legítimas manifestaciones, a la luz de la estrella de nuestra República reflejada en estas palabras: "Dios y la Patria".

Serena, septiembre de 1883.

José Ravest,.Bernardino Piñera, Dionisio Munizaga, Roberto Chadwick, Domingo R. Rivera, José Dolores Torres, Pedro Piñera, Manuel Aracena, Buenaventura Urrutia, Antonio Guerrero, Tobías Courbis, Emilio Albornoz, Sabino Peña, Domingo Hernández, Filomeno Rojas, Nabor A. González, Manuel Jesús Negrete, Estaban Villagrán, Federico V. Mena, Pedro Tapia, Francisco Arcis, José del O. Rojas, Isidro Díaz, José Santos María, Tomas Duran, Guillermo Pizarro, Lorenzo 2.º Álvarez, Doroteo Palma, José del O. Araya, José Fermín Cortés, José Rodríguez, Gregorio Ramírez, José Antonio Cortes, Anacleto Flores, Romualdo Núñez, Pedro Bolados, Martín Solar, Félix Cepeda, L. Carlos Zorrilla, Juan A. Rodríguez, Pedro Rodríguez, Lisandro Contador, Pablo Barraza, J. J. Barraza, José Mercedes Gerardo, R. Araya Toro, F. Marín, I. Pinto Toro, Jacobo A. Degueyter, José Domingo Núñez, José Fermín Rodríguez, Fidelis Sapiain, Joaquín Sapiain, Mateo Reines, Gregorio Rivera, Pío Sarmiento, Andrés Tapia, E. Robledo, Martín Salamanca, Plácido Boniche, Romualdo Trujillo, Alfonso Arenas M., Tomas Adolfo Alonso, Jerónimo Godoy V., José Aldunate, Tránsito Solís, Fernando Honores, Hermenegildo Carvajal, Fernando Ponce C., Miguel Ponce G., Estaban del C. Pizarro, R. Solar Vicuña, Nicasio Lanas, Daniel Lanas, Excequiel Lanas, José R. Lobo F.

(Siguen más de dos mil firmas publicadas en El Independiente de los días 19 de octubre y siguientes).

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LA JUNTA PROVISORIA A LOS ELECTORES CATÓLICOS DEMÓCRATAS.

(De El Progreso de la Serena)

Las situaciones claras y definidas a nadie pueden suscitar alarmas ni producir alertas inmotivadas. A nadie concedernos el derecho de calificar intenciones ni de apodar con antojadizas calificaciones políticas, tratándose de personas que se reúnen para discutir la cosa pública antes de haber manifestado sus propósitos políticos y sociales. ¿De cuándo acá el derecho de reunión y de formar agrupaciones de ciudadanos en defensa o sostenimiento de principios o ideas determinados es el patrimonio de los unos con exclusión de los otros? ¿De dónde arrancarían tan odioso privilegio y tan despóticas pretensiones?

Cierta prensa se ha anticipado a dar descompasados alertas por la reunión que tuvo lugar en estos días en casa de uno de los que suscriben; y si a juicio de dicha prensa, la reunión es de diminuta significación política, ¿por qué alarmarse y dar repetidos gritos de alerta por la agrupación de ciudadanos a quienes no hay necesidad de ejercer coacción para dejarlos constituirse, porque llegado el momento tendrían que confesarse vencidos sin luchar? Si tanta es la confianza de sí mismo y del propio valimiento, ¿por qué tanto alerta? ¿Será prudencia o miedo?

Pero estando en nuestro perfecto derecho para izar una bandera política, queremos -aunque a la ligera y antes de nuestros trabajos de acción dentro de la esfera legal- desvanecer erradas apreciaciones a que pudieran dar lugar visionarios alertas como aquel a que nos referimos.

La Constitución política vigente, que está y debe estar sobre toda ley, reconoce y establece en su artículo 5° como única religión de la República la católica, apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Este artículo, como muchos otros que establecen la unión de la Iglesia con el Estado, están vigentes, y toda ley que tienda a desconocer esa unión y la religión de la República, sin estar derogados aquellos artículos, es inconstitucional, como lo ha denunciado en el Congreso, entre otros, el honorable senador por nuestra provincia, don Benjamín Vicuña Mackenna, presentando una moción de reforma de los artículos de la Constitución a que hacemos referencia.

La Constitución de 1823 en su artículo 1º establecía igual reconocimiento de la religión católica, apostólica, romana, con exclusión del culto y ejercicio de cualquiera otra.

La Constitución de 1828 establecía, exactamente lo mismo que la actual, el reconocimiento de la religión católica, apostólica y romana.

¿Por qué esta uniformidad en las tres Constituciones promulgadas bajo gobiernos, ya liberales, ya conservadores? ¿Por qué hasta el año 1874, en que se hizo una reforma casi general de la Constitución, no lo fue el citado artículo 5°? ¿Y por qué ahora mismo no se empezó por reformarlo antes de discutir y promulgar leyes en contraposición con la Constitución?

Si hay lealtad, debe confesarse que el sentimiento católico del país es el origen y la subsistencia de esos preceptos constitucionales de todos los tiempos de la República, sean cuales fueren los partidos políticos predominantes en el Gobierno. Y si en los actuales gobernantes, que han hecho presión política para las llamadas leyes de reforma, no hay la continuación del mismo sentimiento católico de sus antecesores, tampoco ha habido probidad política para empezar, como debían, por la reforma constitucional.

Ante la Constitución y ante el mundo entero, la República de Chile es católica, apostólica, romana; luego los ciudadanos que, sin disfraz ni miedo a los gobernantes ni preocupaciones, se llamen católicos, están amparados por la ley fundamental, que será, mientras subsista, la expresión de la inmensa mayoría del país.

Al proclamarnos como ciudadanos católicos no podemos estar en número diminuto, como falsamente se asevera, y al agruparnos bajo ese color de nuestra bandera de oposición, tenemos en nuestro favor la protección de la ley y la convicción de nuestras creencias, cuya libertad y respeto tenemos el perfecto derecho de reclamar y defender, así como respetamos el derecho ajeno.

No somos de los que temernos las reformas; vengan estas constitucionalmente y según lo reclame la justicia, sin producir perturbaciones en nuestro modo de ser social ni en el orden y moralidad de la familia.

Ya tendremos ocasión de manifestar quienes sean los verdaderos partidarios y defensores de las libertades y de los intereses del pueblo.

Si tan difícil es nuestra actitud de católicos defendiendo el respeto y la libertad de nuestras creencias, no lo es menos la de ciudadanos en el orden político, para combatir los abusos del poder, que vulneran la Constitución y los derechos garantidos por ella --llámense leyes de cementerios, de matrimonio civil-- si bajo esas denominaciones se cobija el abuso o el atropello de la libertad de creencias, del derecho de propiedad, como sucedería respecto de los abusos contra el derecho electoral, bajo el manto de quiméricas reformas.

En este sentido se hace el llamamiento a todos los  ciudadanos independientes, que, dispuestos a combatir el abuso, y defender las libertades y derechos del pueblo, hastiados de banderías personales, trabajen con nosotros con fe y abnegación para ejercer el derecho electoral con el firme propósito de hacer efectivo el gobierno del pueblo y para el pueblo.

He aquí nuestros propósitos; y nuestra divisa: “Dios y Patria.”

Serena, 6 de octubre de 1883. -José Ravest. - Manuel Aracena. - Bernardino Piñera.- José Dolores Torres.- Juan José Rodríguez.

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COMISIÓN DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL 8 DE JULIO DE 1883.

Santiago, 18 de octubre de 1883.

Ha llenado de complacencia a la Comisión Ejecutiva de esta capital la protesta formulada por los católicos de la Serena contra las leyes de persecución iniciadas por el Gobierno, y el manifiesto que con fecha 6 del actual publicó esa honorable Junta Departamental para poner en transparencia los fines que persigue y los móviles a que obedece, desconocidos por la prensa gobiernista de la localidad.

Uno y otro documento dejan en nuestro ánimo la impresión de que ya la acción enérgica de la Junta de la Serena se ha dejado sentir en tales términos que el enemigo común se ha creído en el deber de dar a los suyos el grito de alarma.

La uniformidad de miras que manifiestan esos documentos y la unánime y espléndida protesta de las distinguidas y respetables matronas de esa ciudad, son una prueba elocuente de que heridos a la vez el sentimiento religioso de los católicos y el derecho del ciudadano, la armonía entre el pueblo honrado y leal y el Gobierno avasallador ha desaparecido y empieza la era de la resistencia legal.

Confía la Junta Ejecutiva de Santiago en que la tarea empezada continúe digna de la causa en cuya defensa se ha iniciado, y digna de los hombres abnegados y prestigiosos que la sirven.

Por eso, le es muy grato enviarle la expresión de su fraternal y caluroso aplauso, y adherirse a todos los propósitos que abriga la Junta de la Serena y de que ya tenemos noticia.

Somos, con este motivo, SS. AA. SS. Matías Ovalle, Miguel Cruchaga, Carlos Irarrázaval, Antonio Subercaseaux, Carlos Walker Martínez, Ramón Ricardo Rozas.

A la honorable Junta Departamental de la Serena.

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PROTESTA DE LAS SEÑORAS

Ayer no más acariciábamos las más dulces y halagüeñas esperanzas sobre el porvenir de nuestra querida Patria. Los vagos temores que de cuando en cuando nos asaltaban, en nada podían destruir esta consoladora idea que en tanta armonía estaba con nuestras más caras y legítimas aspiraciones. Por desgracia, esos vagos temores se han convertido en triste realidad. Chile, esta nación por tanto títulos digna de mejor suerte, está sometida hoy a una prueba por demás dolorosa y lamentable. Sus gobernantes, olvidando por completo que el más sagrado de sus deberes es guiar al pueblo que gobiernan por el sendero del bien y del verdadero progreso, procurando todo aquello que tienda a hacerle un pueblo civilizado y feliz, lo coartan en lo que más estima: sus creencias religiosas.

Atacando la religión, atacan de lleno a la sociedad, minando sus más sólidos fundamentos. Con la ley de cementerios se nos ha quitado una preciosa libertad; y con la que actualmente se discute en el Congreso, se pretende quitar al matrimonio su carácter sagrado; y despojándolo del augusto sello de un sacramento se le deja convertido en mi mero contrato civil. Los católicos no podernos admitir separación alguna entre el sacramento y el contrato, y muy especialmente la mujer chilena rechaza indignada una ley que tiende a desmoralizar la familia y por consiguiente la sociedad entera.

Nosotras, las abajo firmadas, vecinas de la ciudad de la Serena, como fervientes católicas y amantes de nuestra Patria, no podemos menos que protestar enérgicamente por todos los actos del Gobierno hostiles a nuestra santa religión. Protestarnos también como madres e hijas de familia, porque tenemos obligación de conservar y velar el precioso tesoro de la fe que nos legaron nuestros padres y que debemos trasmitir incólume a nuestros hijos. Nuestra protesta no será quizás atendida por los hombres del poder; pero no importa. El grito de alarma jamás se lanza inútilmente; y nuestra protesta manifestará a todos nuestros compatriotas que hemos levantado la voz en defensa de nuestros más sagrados derechos.

Serena, 24 de septiembre de 1883.

(Siguen mil trescientas firmas de respetables señoras de la Serena, publicadas el 6 de octubre en La Diócesis de esa ciudad y en El Independiente de Santiago correspondiente al 14 del mismo mes).

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COMISIÓN DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL 8 DE JULIO DE 1883.

Santiago, 11 de octubre de 1883.

Señoras:

No ha sido por cierto la menor satisfacción que en medio del éxito favorable con que la Junta Ejecutiva de los trabajos de los católicos de Santiago ve coronados sus esfuerzos, la que le ha ocasionado la actitud digna y levantada con que las madres y las esposas en todo el país han protestado en nombre del hogar y de la fe por los atropellos de que el gobierno hace gala contra la doctrina y la moral de la Iglesia.

La mujer, que se levantó a la misión augusta que hoy desempeña perfumando el hogar con sus virtudes y escribiendo en la historia de las sociedades páginas de luz alentada por el tesoro de religiosidad que hay en su alma, mediante la doctrina y moral de Jesucristo, no puede menos de sentirse herida profundamente con leyes que, ofendiendo su creencia, socavan los fundamentos de todo orden social medianamente cristiano y tienden a restablecer el orden de cosas que hizo abominable el paganismo.

La mujer chilena no ha merecido jamás tanta ingratitud: sus virtudes y su patriotismo han inspirado muchos actos heroicos para la Iglesia y para la Patria; y cuando otros la escarnecen y la persiguen, nos es muy grato enviarle por intermedio de Uds., respetables señoras, que tan enérgica y tan noblemente han protestado, esta palabra de reconocimiento y de admiración.

Sírvanse ustedes, entre tanto, aceptar las consideraciones del distinguido aprecio y del respeto con que las saludan SS. SS. SS. Matías Ovalle, Miguel Cruchaga, Antonio Subercaseaux, Carlos Walker Martínez, Carlos Irarrázaval, Ramón Ricardo Rozas.

A las señoras doña Cruz Aracena de Castro y doña Peta Castro de Claussen, y demás que firman la protesta de las señoras católicas de la Serena.

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Serena, octubre 29 de 1883.

Respetados señores:

Hemos tenido el alto honor de recibir la estimada de ustedes, de 11 del corriente, en la cual se sirven enviar una palabra de reconocimiento y de admiración a las señoras de esta ciudad que enérgicamente hemos protestado, en nombre del hogar y de la fe, por los atropellos de que el Gobierno hace gala contra la doctrina y la moral de la Iglesia.

Si como patriotas nos hemos desprendido de lo más caro que hay en la vida en aras de nuestra Patria cuando ésta así lo ha exigido, como católicas hemos creído cumplir con un deber, no ahorrando sacrificio alguno porque se conserven incólumes los principios del catolicismo, cuya observancia hace la felicidad de las naciones y procura la paz de las conciencias.

Las señoras a quienes hemos dado cuenta de la apreciable carta de ustedes, nos han encargado que manifestemos a ustedes su gratitud por la honrosa atención que se han dignado concedernos.

Al cumplir este grato deber, aprovechamos la oportunidad de tener el honor de saludar a ustedes y ofrecerles nuestras más distinguidas consideraciones de respeto.

De ustedes servidoras, Cruz Aracena de Castro.- Peta Castro v. de Claussen. A los señores don Matías Ovalle, don Miguel Cruchaga y demás señores de la Asamblea Popular del 8 de julio de 1883.

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